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En CDHDF se presenta el Informe Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México, elaborado por UNICEF

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, destacó que además del desarrollo de políticas públicas y de marcos normativos, se requiere asumir un cambio social y cultural para combatir la violencia hacia niñas, niños y adolescentes (NNA).

Durante la presentación del Panorama estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México, elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), enfatizó que la violencia en el hogar y los castigos corporales como métodos educativos contra la niñez son salidas fáciles que no abonan a la construcción de paz. Por este motivo, aseguró, los asuntos de la infancia son públicos, no privados.

Al referirse al documento de UNICEF, el cual revela que 1 de cada 4 NNA de entre 12 y 17 años, ha vivido violencia como el ciberacoso, la Ombudsperson capitalina indicó que de acuerdo con los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Ciudad de México el 40% de las niñas, niños y adolescentes entre los 6 y los 17 años consideraron que Internet es un entorno seguro para ellos.

No obstante, dijo, ahí existen redes de trata y también es un espacio donde se recrudece el acoso entre escolares. En Internet las cosas no se olvidan, se estigmatiza y se vuelve más violenta la vida de muchas niñas, niños y adolescentes, no sólo en nuestro país, sino en el mundo.

En tanto, el Representante de UNICEF en México, Christian Skoog, al dar cuenta del Panorama estadístico, aseguró que contar con datos sobre la violencia que padecen NNA debe servir para la garantía de sus derechos y para privilegiar el principio de Interés Superior de la Infancia.

Sostuvo que la violencia en todas sus manifestaciones afecta la garantía del ejercicio de los derechos de este grupo de población, sobre todo cuando se carece de registros estadísticos. Consideró que esta problemática no ocurre de manera aislada, por eso hay que reconocer su existencia e impactos.

Los tipos de violencia identificados en el informe fueron: física, sexual, emocional, descuido o trato negligente, prácticas perjudiciales e institucional. Los entornos donde sucedieron las agresiones son: hogar, escuela, digital, comunidad, trabajo, instituciones y medios de comunicación.

Entre los datos más reveladores, Christian Skoog indicó que 32.8% de las mujeres adolescentes entre 15 y 17 años fueron víctimas de alguna forma de violencia sexual en su comunidad. De igual forma, dijo que 5 mil 790 NNA se reportan como desaparecidos o no localizados.

El Representante de UNICEF en México expuso que el Panorama estadístico ofrece diversas recomendaciones a las autoridades. Entre ellas destaca que las encuestas y registros en el país deben recabar información sobre cualquier tipo de violencia a lo largo del ciclo de vida de los niños, niñas y adolescentes, es decir desde los 0 hasta los 17 años.

También se recomendó destinar los recursos necesarios para garantizar el levantamiento de encuestas clave, así como para el mejoramiento de los registros administrativos.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio Mújica, indicó que NNA no son vistos como personas sujetas de derechos y que la violencia en su contra es culturalmente aceptada porque se mira como gran negocio.

Consideró fundamental dotar de recursos necesarios a la protección especial hacia NNA, porque solamente en una entidad, Nuevo León, los tiene asegurados por Ley.

En la presentación del Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México, participaron la Procuradora Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Martha Yolanda López Bravo y el Titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, David Pérez Esparza.

También el Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Óscar Jaimes Bello, la Responsable del área de datos y conocimiento de ONU Mujeres en México, Teresa Guerra, así como la representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Martha Montiel.

 

Toda actuación de la autoridad debe de realizarse en el marco de legalidad, el contexto migratorio no puede ser la excepción

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal considera que la actuación de todas las autoridades involucradas en el apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM) en sus tareas -Guardia Nacional, policía estatal, policía municipal y Secretaría de Defensa principalmente- debe de ceñirse a la legalidad establecida en el marco constitucional mexicano -que comprende el Derecho Internacional de Derechos Humanos-, así como en la Ley de Migración, Ley de la Guardia Nacional y Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, entre otras.

En ese sentido, este Organismo insiste en que las autoridades referidas lleven a cabo sus actuaciones exclusivamente en apoyo y auxilio del INM, es decir, nunca al margen de la autoridad migratoria o en ausencia de sus representantes.

La Ley de Migración es clara al establecer, por ejemplo, que ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la Ley.

Tal disposición busca inhibir la extorsión que otras autoridades -en especial las de seguridad pública- ejercen con frecuencia hacia las personas migrantes al identificarlas y, con ello, salvaguardar sus derechos y las condiciones para ejercerlos.

La Comisión subraya que las personas extranjeras que cometan delitos en el territorio nacional deben estar sujetas al mismo procedimiento señalado para personas nacionales, además de que deben respetarse los derechos que les asisten.

Por ejemplo, toda persona detenida en el supuesto de flagrancia debe de ser puesta, sin demora, a disposición del Ministerio Público y le asistirán los derechos de presunción de inocencia y debido proceso. Es decir, las personas extranjeras no pueden ser tratadas de manera excepcional y ser entregadas directamente al INM, pues tal ruta contraviene el procedimiento establecido legalmente.

En particular, las personas extranjeras tienen derecho a establecer contacto y asistencia consular si así lo desean, garantizándoles un debido proceso legal para determinar su situación con respecto a la conducta penal que se les atribuye.

En el caso de la Ciudad de México, vale la pena resaltar que la Constitución Política de la Ciudad de México parte de ese espíritu proteccionista al manifestar que la Ciudad se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración nacional e internacional (Artículo 2, numeral 2).

Además, la Carta Magna local reconoce el derecho a la no discriminación de las personas migrantes (Artículo 4, apartado C, numeral 2); considera a las personas migrantes y sujetas a protección internacional como parte de un grupo de atención prioritaria (Artículo 11, apartado I) y establece la obligación de todas las autoridades locales de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos en el ámbito de su competencia, así como de coordinar e instrumentar políticas de acogida de personas migrantes así como de aquéllas que busquen y reciban asilo y protección internacional en México (Artículo 20, numeral 5).

El referido es el marco normativo que debe regir la actuación de las autoridades de los diferentes ámbitos de competencia, por lo que se debe acotar su participación a la estrictamente definida en las leyes aplicables para no incurrir en actos de arbitrariedad que, en caso de que sucedan, deben de ser sancionados sin excepción, también conforme al marco normativo vigente.

La CDHDF exhorta a las instituciones a que, en el contexto actual de los fenómenos regionales de movilidad humana, se incremente la capacitación y sensibilización del personal de seguridad pública y militar para evitar violaciones a derechos humanos de nacionales y extranjeros, así como la criminalización de personas defensoras de migrantes.

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO

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